Opinión

El castigo del calor: La insensibilidad de la CREG y Afinia ahoga al Caribe colombiano



Por: Belia R. Petro Humanez

En la Costa Caribe colombiana, encender un ventilador o un aire acondicionado a 35 °C no es un lujo, una excentricidad ni un acto de derroche: es una estricta necesidad de supervivencia. Sin embargo, para la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y para la empresa Afinia, la realidad climática de millones de caribeños parece ser un detalle insignificante que se resuelve desde la comodidad de un escritorio con aire central en Bogotá.

La reciente llegada del recibo de luz ha desatado una ola de indignación generalizada en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar. Lo que la CREG vende bajo el elegante eufemismo de “Programa transitorio de incentivos al Uso eficiente de energía eléctrica” (Resolución 101 120 de 2024), en la práctica no ha sido más que un ‘raponazo’ directo al bolsillo del ciudadano de a pie.  Detrás del discurso del ahorro energético se esconde una penalización disfrazada de multa, un castigo sistemático contra una región donde las temperaturas abrasadoras y los embates del Fenómeno del Niño obligan a un mayor consumo eléctrico.

Es inaceptable que se aplique un rasero uniforme para todo el país. Medir el consumo del Caribe con la misma vara que se mide a Bogotá o Tunja es una muestra de profunda ignorancia territorial e insensibilidad social. Mientras los gremios, las asambleas departamentales —como la de Sucre, que radicó de manera unánime una exigencia formal ante la CREG— y los líderes locales exigen un enfoque diferencial que reconozca nuestras condiciones térmicas, el Gobierno nacional se queda corto frente a las promesas electorales que prometían solucionar el drama tarifario “en menos de un mes”. Hoy, el despropósito continúa y el descontento popular no da tregua.

Un halo de esperanza legal: La orden del Consejo de Estado

No obstante, en medio del malestar generalizado y los gritos de protesta de los usuarios, la justicia ha abierto una ventana de sensatez. El Consejo de Estado dejó firmes las órdenes dirigidas al Ministerio de Minas y Energía y a la CREG para revisar y modificar la fórmula tarifaria que aplasta a la Costa.

Esta decisión judicial, nacida de la acción popular promovida desde 2022 por las personerías de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha, obliga a las autoridades reguladoras a revisar puntos tan nefastos como el recargo del 20 % en el componente de comercialización y el traslado irresponsable de las pérdidas de energía a las facturas de los usuarios. Como bien lo ha señalado la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, el desmonte de estos cobros abusivos podría significar un alivio real de entre $50 y $60 por kilovatio/hora.

Sin embargo, los caribeños no podemos caer en triunfalismos tempranos. El Consejo de Estado ha dado la orden, pero la rebaja aún no está en firme ni se verá reflejada en el próximo recibo automáticamente. La pelota está ahora en el campo del Ministerio de Minas y la CREG, las mismas entidades que hasta hoy han sido indolentes ante la crisis.

El Caribe no pide regalos ni privilegios; exige justicia tarifaria y un trato equitativo. La CREG y Afinia deben acatar el fallo judicial sin dilaciones ni artimañas burocráticas, desmontar las penalizaciones injustas y entender, de una vez por todas, que el calor no es culpa del usuario, pero el abuso tarifario sí es entera responsabilidad del Estado.

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