La sospechosa filtración del video de Daniel Sancho: “Ha hecho mucho daño en Tailandia y peligra un futuro indulto real”
La empresaria tailandesa Two Yupa, socia del bufete de abogados internacional Lawyerman & Partners, asegura que las autoridades de Tailandia investigarán la filtración de imágenes y audios de Daniel Sancho y advierte de que, si se acredita su implicación, “podría perder beneficios penitenciarios, ver comprometida la posibilidad de acceder a un indulto real y acumular una nueva condena”.

La difusión de nuevas imágenes y audios de Daniel Sancho desde una prisión tailandesa podría terminar abriendo un frente mucho más serio de lo previsto en Tailandia. Después de que el material comenzara a circular públicamente y reavivara las incógnitas sobre su origen, las autoridades penitenciarias tailandesas estudian ahora lo ocurrido y pretenden esclarecer quién realizó las grabaciones, cómo salieron del ámbito penitenciario y quién participó posteriormente en su difusión.
Fuentes cercanas a la investigación afirman que, para dicho cometido “las autoridades tailandesas estarían siguiendo la pista de la dirección IP de destino de las comunicaciones realizadas de Sancho en prisión”. Por su parte, Silvia Bronchalo y su equipo jurídico están comenzando a preparar distintas acciones judiciales por la misma razón, tal y como informa el entorno de la madre de Daniel Sancho.

Así lo asegura la empresaria tailandesa Two Yupa, socia del bufete de abogados internacional Lawyerman & Partners. Según explica, responsables vinculados a la prisión ya habrían tenido conocimiento de las imágenes y audios y le habrían solicitado el material disponible con el objetivo de analizarlo antes de poner en marcha una investigación interna. “Primero de todo es gravísimo lo que ha sucedido. A mí me sorprende bastante ese atrevimiento”, señala Two Yupa. Según su relato, tras conocerse lo sucedido dentro de la prisión, desde Tailandia le solicitaron “todos los materiales completos” y le comunicaron su intención de comprobar el contenido. “Cuando ya tengan todos los materiales, quieren abrir la investigación interna”, sostiene.
La aparición de estas grabaciones ha añadido así un nuevo capítulo a un caso que en las últimas semanas había vuelto a situarse en el centro de la actualidad por la publicación de conversaciones atribuidas a Daniel Sancho y por las dudas sobre quién pudo facilitar ese material. Esto, debido a que Silvia Bronchalo negó haber filtrado los audios y anunció acciones penales para tratar de esclarecer su procedencia.
Sin embargo, la cuestión podría haber dejado de ser únicamente una batalla alrededor del entorno familiar o de la difusión del material en España. Según Two Yupa, las autoridades tailandesas conceden una especial gravedad a que hayan trascendido imágenes procedentes del sistema penitenciario y a determinadas afirmaciones contenidas en las conversaciones, particularmente aquellas relacionadas con supuestos pagos o intentos de soborno a funcionarios públicos. “Van a llegar hasta el fondo, a ver quién ha grabado y quién está difundiendo todas esas imágenes y audios”, advierte.
Tailandia investigará quién grabó y quién difundió las imágenes
Uno de los primeros objetivos de la eventual investigación sería determinar cómo se obtuvieron realmente las imágenes que han terminado apareciendo públicamente. Two Yupa descarta que una persona pudiera introducir fácilmente un dispositivo de grabación dentro de la prisión y sostiene que el material podría proceder de una videoconferencia grabada desde el exterior. Según explica, los controles para acceder físicamente a una cárcel tailandesa son especialmente estrictos. “Dentro de la prisión es imposible”, afirma. “Todo el mundo entra, vamos, casi desnudo. Tienen que registrar todo, todo. No puede llevar ni siquiera teléfono móvil, nada”.
La hipótesis que plantea es que la imagen fuera captada desde el otro extremo de una comunicación autorizada entre el preso y una persona situada fuera del centro penitenciario. Es decir, no se habría introducido una cámara en prisión, pero sí se habría podido registrar desde el destino la señal recibida durante una conversación o videollamada.
Two Yupa sostiene que incluso en ese escenario la legislación tailandesa podría considerar especialmente sensible la difusión posterior. Según afirma, las imágenes generadas desde una cárcel y las comunicaciones realizadas con presos estarían sometidas a la normativa penitenciaria y a restricciones específicas. “Esas imágenes grabadas en la cárcel son propiedades de Tailandia”, explica durante la entrevista. Y añade que la grabación o difusión sin autorización podría llegar a ser investigada como una infracción grave.

La entrevistada vincula esta cuestión con lo que identifica como una disposición penal tailandesa aplicable a la difusión de determinados contenidos mediante ordenadores, teléfonos móviles o redes. Según su interpretación, la pena podría alcanzar hasta cinco años de prisión, aunque será la investigación de las autoridades la que deba determinar si existe realmente algún delito, quién habría participado y qué normativa resulta aplicable.
Two Yupa insiste además en que, antes de adoptar cualquier medida, las autoridades deberán comprobar la autenticidad de las grabaciones. “Ellos quieren saber también si ese audio es auténtico o no es auténtico. Es normal. Por ahora todos son inocentes”, señala. Solo después de esa comprobación, añade, se analizaría “quién ha sido, quién ha hablado y por qué ha hablado”.
Las consecuencias para Daniel Sancho: Beneficios penitenciarios e indulto real
La principal incógnita es qué consecuencias podría tener este nuevo episodio para Daniel Sancho si las autoridades concluyeran que tuvo algún tipo de participación en los hechos descritos en las grabaciones.
Two Yupa recalca que actualmente no existe una responsabilidad acreditada y que cualquier consecuencia dependerá del resultado de la investigación. Sin embargo, sostiene que el contenido de algunas de las conversaciones podría ser especialmente problemático debido a las referencias a supuestos sobornos o pagos a funcionarios públicos. “Dentro de ese contenido de sonido es muy peligroso porque está hablando de sobornos de funcionario público”, afirma. Two Yupa habla de consecuencias que podrían ser más relevantes como penas que podrían llegar hasta los cinco años para las personas directamente implicadas y también apunta a posibles responsabilidades para quienes hubieran actuado como intermediarios.

Durante la entrevista aparece además Alice, de nombre Alice Tassanapannaporn Keartjareanlap, con residencia en Distrito de Mueang Phetchaburi (Phetchaburi- Tailandia), mencionado en algunas de las conversaciones conocidas anteriormente alrededor del caso, y asistente y persona de confianza de la familia Sancho en Tailandia, a la cual, distintas fuentes han situado presuntamente en entornos cercanos a la mafia, cosa que la familia Sancho a negado. Two Yupa precisa que el simple hecho de ser nombrada no supondría una condena automática, pero sí podría provocar que fuera llamada a declarar o incluida dentro de las pesquisas para aclarar cuál fue realmente su participación.
La entrevistada plantea que un supuesto intermediario podría enfrentarse, dependiendo de las circunstancias y de la legislación aplicable, a una pena inferior a la prevista para los principales responsables. Insiste, no obstante, en que será la investigación la que determine si alguna de las personas mencionadas tuvo realmente intervención.
Para Daniel Sancho, las consecuencias podrían no limitarse a la apertura de un procedimiento adicional. Two Yupa señala que cualquier incidente grave dentro de su historial penitenciario podría influir posteriormente en la concesión de beneficios penitenciarios. “Puede tener un castigo dentro de la prisión y también puede afectar, por supuesto, porque van a pasar su historial de la prisión, por lo cual va a afectar a la hora de pedir beneficios”, sostiene. Pero la advertencia más importante realizada durante la entrevista tiene que ver con una de las posibles vías que siempre rodean a las largas condenas en Tailandia: el indulto real.

Según Two Yupa, una eventual responsabilidad demostrada en un episodio grave relacionado con corrupción, sobornos o incumplimientos penitenciarios podría perjudicar decisivamente cualquier expectativa futura de acogerse a esa medida. “Lo más importante, el indulto real va a estar totalmente prohibido”, afirma. La entrevistada insiste en varias ocasiones en esta idea: “Los beneficios los van a quitar, todo lo van a quitar. Es como un castigo muy grave. Imagínate que todo el mundo tiene derecho a pedir el indulto real y Daniel no puede”.
Se trata, en cualquier caso, de una valoración realizada por Two Yupa a partir de su conocimiento de la normativa y de la práctica tailandesa. No existe por el momento una resolución oficial que haya retirado a Daniel Sancho beneficios penitenciarios ni la posibilidad de solicitar un indulto, y cualquier consecuencia dependerá de que las autoridades acrediten previamente la existencia de una infracción y su participación en ella.
Una investigación que podría alcanzar también a quienes difundieron el material
La investigación podría extenderse además a las personas situadas fuera de la cárcel que hubieran intervenido en la obtención o difusión de las grabaciones. Two Yupa sostiene que, si se identificara a una persona extranjera responsable de una actuación considerada grave contra la normativa tailandesa, esta podría encontrarse con restricciones futuras para entrar en el país. “La entrada la tendría ya cerrada inmediatamente, llámese padre, llámese entorno del padre, la madre o quien sea”, afirma al ser preguntada por las posibles consecuencias para quien hubiese difundido las imágenes.
Según explica, una vez determinada la identidad de la persona responsable, esta podría terminar incluida en una lista negra de entrada en Tailandia. En casos especialmente graves, añade, las autoridades podrían intentar impulsar actuaciones a través de los canales diplomáticos y judiciales correspondientes.
También recalca que las autoridades tailandesas consideran especialmente sensibles las cuestiones relacionadas con la seguridad, el funcionamiento del sistema penitenciario y la imagen de sus instituciones. De ahí que, según su versión, la investigación pueda implicar no solo a responsables de la prisión, sino también a organismos dependientes de los ministerios competentes. “Van a afectar también tanto al Ministerio de Justicia, creo que también al Ministerio de Interior, y también dentro de la prisión tienen su policía, su investigación dentro de la prisión. Van a hacer una investigación en conjunto”, sostiene.
Two Yupa asegura incluso que desde el interior de la prisión ya existe preocupación por el alcance que puede terminar teniendo el episodio. El objetivo inmediato sería reconstruir toda la cadena: quién participó en la conversación, desde dónde se grabó, quién conservó el archivo y cómo llegó posteriormente a los medios y a las redes. La investigación tailandesa se desarrollaría además en paralelo al frente abierto en España.

Tras la aparición de las conversaciones, Silvia Bronchalo aseguró a través de su representación legal que no había participado en la filtración y anunció acciones penales para tratar de identificar a los responsables.
La paradoja señalada durante la entrevista es que una filtración que aparentemente podía buscar beneficiar o reforzar alguna de las posiciones alrededor de Daniel Sancho podría terminar convirtiéndose en un nuevo problema para él. “Si alguien quería ayudar a Daniel, lo que le ha hecho Dependiendo de las conclusiones de las pesquisas, podría abrirse incluso un nuevo procedimiento que se añadiera a su actual situación penal.
Daniel Sancho continúa cumpliendo condena en Tailandia
Este nuevo frente aparece mientras Daniel Sancho continúa cumpliendo la condena impuesta por la Justicia tailandesa por la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Desde que el caso estalló en agosto de 2023, la situación judicial y penitenciaria del hijo de Rodolfo Sancho ha estado acompañada de diferentes recursos, movimientos de su defensa y episodios relacionados con su entorno familiar.
En los últimos meses, la publicación de nuevos audios ha permitido conocer conversaciones hasta ahora privadas en las que aparecen cuestiones económicas, referencias a la estrategia seguida alrededor del caso y discrepancias entre las personas que han participado de una u otra forma en la defensa o apoyo al condenado.
Entre ellas aparecieron referencias a 100.000 euros que Daniel Sancho habría solicitado y sobre los que Silvia Bronchalo buscó consejo. Pero habría recibido, una recomendación contundente: “No pagues nada, es puro chantaje”. La posterior aparición pública de parte de esas conversaciones abrió inmediatamente otra incógnita: quién tenía acceso a los archivos y quién decidió filtrarlos.
Las propias autoridades tailandesas quieren conocer la respuesta. Y, si finalmente abren una investigación formal y encuentran responsabilidades, el episodio podría terminar teniendo consecuencias mucho más profundas que la mera difusión de unas imágenes desde prisión.




