Declaran ‘muerte política’ de Iván Name

La Sala Especial de Decisión 24 del Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del exsenador y expresidente del Congreso Iván Leonidas Name Vásquez (Alianza Verde), tras hallarlo responsable de tráfico de influencias por haber recibido supuestas dádivas para favorecer el trámite de la reforma pensional del Gobierno Nacional. La medida, que constituye una inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos, representa un drástico giro en las investigaciones del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La providencia, con ponencia del consejero Jorge Edison Portocarrero Banguera, responde a una demanda interpuesta por Juan Carlos Calderón España en representación de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados.
La red de influencias y el esquema de sobornos
De acuerdo con el fallo, los hechos se remontan a finales de 2023, en medio de las dificultades operativas que enfrentaban las iniciativas legislativas del Ejecutivo. La investigación estableció que Carlos Ramón González, en ese momento director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), coordinó con los entonces directivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, la consecución de $3.000 millones de pesos.
Dichos fondos, originados en las irregularidades del contrato para la compra de carrotanques de agua en La Guajira, habrían sido entregados a Name los días 12 y 13 de octubre de 2023 por intermediación de Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las regiones.
Los testimonios y las pruebas documentales permitieron al tribunal comprobar una relación directa entre los beneficios económicos entregados y la actuación del parlamentario. La Sala fundamentó el fallo en los siguientes puntos clave:
Acuerdo previo e instrucción: Se acreditó la existencia de una cadena de influencia articulada desde la cúpula del DAPRE hacia la UNGRD para desviar fondos públicos hacia la Presidencia del Senado.
Manipulación del trámite legislativo: Aprovechando su capacidad de dirigir las plenarias durante el periodo 2023-2024, Name ejecutó acciones conscientes y voluntarias para impulsar el avance de la reforma pensional, apartándose de los fines constitucionales de su dignidad.
Estrategia en la mesa directiva: El tribunal analizó las reiteradas ocasiones en que Name cedió la Presidencia del Senado durante los debates clave del proyecto, concluyendo que dicha conducta formó parte del esquema concertado.
Destino de los recursos: Parte del dinero recibido no solo buscaba aceitar el trámite de las reformas, sino que también habría sido destinado a financiar una campaña política al Concejo de Bogotá.
Alcance jurídico y recurso de apelación
Al haberse probado los elementos objetivos del tráfico de influencias y el dolo de la conducta, el alto tribunal impuso la pérdida de investidura, sanción de máxima severidad constitucional que implica la despoja inmediata de la calidad de congresista y la imposibilidad permanente de presentarse a cargos de elección popular.
La decisión de primera instancia no queda ejecutoriada de forma inmediata, ya que la defensa del exsenador podrá interponer un recurso de apelación ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, instancia final encargada de confirmar o revocar el fallo.

