Corte Suprema condena a juez de Cereté a 32 meses de prisión por omitir prueba clave de ADN en el caso ‘Caldereta

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la absolución previa dictada por el Tribunal Superior de Montería y condenó al juez Promiscuo de Familia del Circuito de Cereté, Córdoba, Fredy José Puche Causil, a 32 meses de prisión tras hallarlo responsable del delito de prevaricato por omisión.
El fallo, leído por el magistrado ponente Diego Eugenio Corredor Beltrán, determina además la pérdida inmediata de su cargo judicial, una inhabilitación de 60 meses para ejercer derechos y funciones públicas, y el pago de una multa de 13,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Inacción judicial en el caso ‘Caldereta’
Los hechos se relacionan con un proceso de filiación iniciado en 2011 por Eduardo Enrique Espinosa Molina dentro del denominado caso “Caldereta”, cuyo fin era establecer la paternidad respecto a Carlos Espinosa Milanés. En el marco de la investigación, resultaba indispensable la exhumación del cuerpo del presunto padre para la recolección de muestras biológicas y la posterior prueba científica de ADN.
En su intervención, el magistrado Corredor Beltrán explicó que la Ley 721 de 2001 impone al administrador de justicia un rol activo en los trámites de filiación e investigación de paternidad o maternidad. Dicha obligación no se limita al mero decreto en un papel, sino que abarca la gestión activa de todas las acciones operativas necesarias para garantizar que la prueba de ADN sea practicada.
Según expuso la Sala, tras el retorno del expediente desde el tribunal por una impugnación planteada sobre la manera en que se realizaría el procedimiento, el juez omitió fijar fecha para la diligencia y no libró los oficios correspondientes para la exhumación del cadáver. En lugar de asegurar la toma de muestras científicas, convocó a interrogatorios de parte y pruebas testimoniales.
A pesar de que durante las diligencias se le advirtió explícitamente sobre la omisión de la prueba biológica obligatoria, el procesado decidió cerrar el periodo probatorio y en mayo de 2016 dictó sentencia negando la pretensión de paternidad por supuesta falta de pruebas.

Consecuencias de la sentencia
La Corte concluyó que el procesado actuó con dolo contra la administración pública al impedir conscientemente la realización de la prueba genetica. Debido a la naturaleza dolosa de la conducta, el alto tribunal le negó beneficios como la suspensión condicional de la pena o la prisión domiciliaria.
La orden de captura contra Fredy José Puche Causil permanecerá aplazada hasta que la providencia quede en firme. Al tratarse de una primera condena impuesta en segunda instancia, la defensa del juzgador conserva la posibilidad legal de interponer el recurso de impugnación especial ante la misma Corte Suprema de Justicia.