Juez pone freno a elección de representante de egresados en Unicórdoba
El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería ordenó la suspensión inmediata del proceso de elección del representante de los egresados ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Córdoba, cuya jornada electoral estaba prevista para el próximo 24 de septiembre de 2026.
La decisión fue adoptada como medida provisional dentro de una acción de tutela presentada por José David Wberth Escobar, quien pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, la participación democrática y el principio de legalidad, al considerar que se habrían presentado irregularidades en la forma como fue reglamentado el proceso electoral.
En consecuencia, el despacho judicial ordenó a la Universidad de Córdoba, al Consejo Superior Universitario y a la Rectoría suspender el proceso electoral y los efectos jurídicos de las Resoluciones 1800 y 1801 de 2026, hasta que se profiera una decisión de fondo sobre la tutela.
La orden implica que la institución debe abstenerse de continuar con las actuaciones relacionadas con la jornada electoral, incluida la votación que estaba programada para el 24 de septiembre.
¿Por qué se suspendió la elección?
La controversia gira alrededor de quién tenía la competencia para reglamentar el proceso de elección del representante de los egresados ante el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Córdoba.
El accionante cuestionó que el rector Jairo Torres hubiera expedido las Resoluciones 1800 y 1801 de 2026, con fundamento en el Acuerdo 064 de 2026, al considerar que esta actuación desconocería las competencias que el Estatuto General de la universidad, establecido mediante el Acuerdo 270 de 2017, atribuye al Consejo Superior Universitario.
Al revisar inicialmente el caso, el juzgado encontró que existe una controversia jurídicamente relevante sobre el alcance de las facultades del rector y sobre la posibilidad de que el Consejo Superior le hubiera delegado la reglamentación del proceso electoral.
El despacho destacó que el Estatuto General señala, en su artículo 45, numeral 7, que corresponde al rector reglamentar, previo concepto del Consejo Académico, las elecciones de docentes, estudiantes, egresados y otros miembros de organismos colegiados diferentes al Consejo Superior Universitario. A su vez, el numeral 17 le atribuye la facultad de convocar elecciones para proveer los cargos o representaciones establecidos en los estatutos.
Para el juez, determinar si esas disposiciones permitían al rector reglamentar la elección actualmente cuestionada es precisamente uno de los asuntos que deberá resolverse en la decisión definitiva.
La elección estaba a pocos días
Otro elemento determinante fue la proximidad de la jornada electoral. El juzgado consideró que permitir que la elección se realizara el 24 de septiembre, antes de resolver de fondo la tutela, podría hacer más difícil o incluso inocua una eventual decisión favorable al accionante.
Por esa razón, el juez consideró necesario adoptar una medida temporal y preventiva para preservar la efectividad de los derechos cuya protección se solicita.
La decisión no significa que el juzgado haya declarado ilegal o inválido el Acuerdo 064 de 2026 ni las Resoluciones 1800 y 1801 de 2026. El propio despacho aclaró que estos asuntos serán analizados al momento de emitir el fallo de fondo.
Universidad deberá entregar información
Además de admitir la tutela, el juzgado dio a la Universidad de Córdoba y a las autoridades accionadas un plazo de dos días para pronunciarse sobre los hechos y aportar las pruebas correspondientes.
Entre los documentos solicitados están el Acuerdo 064 de 2026, las Resoluciones 1800 y 1801, el Estatuto General y sus modificaciones, el régimen electoral universitario, el cronograma vigente, información sobre las actuaciones adelantadas durante el proceso, los candidatos inscritos y las actas del Consejo Superior en las que se discutió y aprobó el Acuerdo 064.
Con esta información, el despacho avanzará en el análisis de fondo de la tutela, que determinará si existió o no una vulneración de los derechos fundamentales alegados y qué decisión corresponde adoptar frente al proceso electoral. #elpopulareducativo


