Monteria

Personería de Montería solicita garantizar acceso a programas sociales durante la transición del Sisbén al RUI

Personería de Montería solicita garantizar acceso a programas sociales durante la transición del Sisbén al RUI

La Personería Municipal de Montería solicitó a las entidades responsables de la administración y prestación de los programas sociales garantizar que el proceso de transición del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI) no se convierta en una barrera para el acceso de los ciudadanos a la oferta social del Estado.

La solicitud surge ante las implicaciones que podría tener el proceso de transición del Sisbén al RUI, nuevo instrumento de focalización creado mediante el artículo 70 de la Ley 2294 de 2023 y reglamentado, entre otras disposiciones, por el Decreto 875 de 2024 y el Decreto 662 de 2026. Este último establece que la transición de los beneficiarios y potenciales beneficiarios de la oferta social identificados mediante el Sisbén se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026.

La Personería advierte que este proceso de cambio de instrumento de focalización puede tener efectos sobre el acceso y permanencia de los ciudadanos en diferentes programas y servicios sociales, por lo que resulta necesario que la transición se desarrolle de manera gradual, transparente y con mecanismos que permitan proteger a las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

En ese sentido, la entidad considera fundamental que el cambio del Sisbén al RUI no genere interrupciones, exclusiones o modificaciones injustificadas en el acceso a programas sociales, especialmente cuando estas puedan derivarse de inconsistencias, desactualización o dificultades en la verificación de la información socioeconómica de los hogares.

En materia de salud, la Personería Municipal de Montería solicitó específicamente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que operan el régimen subsidiado en el municipio mantener, durante el período de transición, las exenciones de copagos que resulten aplicables a los afiliados conforme a la normativa vigente.

La Personería advierte que, mientras se desarrolla este proceso, las normas que regulan los copagos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud continúan contemplando exenciones asociadas al Sisbén, entre ellas las correspondientes a la población nivel 1 del Sisbén, además de otros grupos y poblaciones especiales.

Por esta razón, la entidad considera necesario que el tránsito entre ambos instrumentos no sea utilizado como fundamento para modificar las exenciones de copagos que resultaban aplicables a los usuarios antes del inicio de la transición, evitando así que el cambio de sistema pueda convertirse en una barrera económica para el acceso a los servicios de salud.

Además, se solicitó a las EPS informar cuál es el criterio jurídico y operativo que actualmente están aplicando para determinar la exención de copagos de los afiliados al régimen subsidiado durante este período de transición. Así mismo, se requirió precisar si el proceso de implementación del RUI ha generado modificaciones en las condiciones de cobro que venían aplicándose y, en caso afirmativo, indicar el fundamento normativo que sustenta dichas modificaciones.

De igual manera, la Personería Municipal de Montería solicitó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) fortalecer los mecanismos de verificación, actualización y revisión de la información socioeconómica de los ciudadanos, con el propósito de garantizar que los datos utilizados para la focalización de la oferta social sean oportunos, confiables y correspondan a las condiciones reales de los hogares.

El Personero Municipal de Montería, Luis Gabriel Degiovanni Behaine, señaló que la transición hacia un nuevo instrumento de focalización debe realizarse con enfoque de garantía de derechos y sin generar barreras para los ciudadanos que dependen de la oferta social del Estado.

En ese sentido, la Personería insistió en la necesidad de que las entidades involucradas adopten criterios claros, uniformes y verificables durante la transición, fortalezcan los canales de orientación y atención a la ciudadanía y garanticen mecanismos efectivos para que las personas puedan consultar, actualizar o controvertir la información que determine su acceso a los programas y servicios sociales.

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