El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella autorizó las primeras cinco extradiciones de su mandato, marcando el inicio formal de una política enfocada en la “mano dura” y la cooperación judicial contra el crimen transnacional. La decisión quedó ratificada mediante las resoluciones ejecutivas 308 a 312 de 2026, las cuales aprueban el traslado de los requeridos hacia Estados Unidos, Perú, República Dominicana y Panamá.

Entre los ciudadanos solicitados por la justicia estadounidense figuran Armando Luis Suárez Calvo, señalado por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de drogas y lavado de activos, y Didier Ignacio García Rodríguez, alias “Guillermina”, procesado por cargos relacionados con el tráfico internacional de cocaína en grandes cantidades. Ambos responden a acusaciones vinculadas a estructuras del narcotráfico.
Asimismo, las medidas alcanzan a Diego Alberto Londoño, requerido en Perú por presunto tráfico agravado de drogas ilícitas, y a Roderick Aldair Morales Delgado, solicitado por las autoridades de Panamá por el delito de tentativa de homicidio agravado.
Por último, el gobierno colombiano aprobó la extradición a República Dominicana del ciudadano colombo-dominicano Jorge Luis Mojica Ortiz, quien enfrenta procesos judiciales en ese país por presunta agresión sexual contra un menor de edad. Con estas resoluciones, el Ejecutivo reafirma el cumplimiento de los tratados de cooperación judicial en materia de narcotráfico, delitos de alto impacto y protección a la infancia.


