Cuestionan gestión presupuestal en la Alcaldía de Chimá por presuntas irregularidades en contratación pública

La administración municipal enfrenta nuevos señalamientos por el presunto uso inadecuado de recursos con destinación específica para cubrir gastos de funcionamiento.
La administración del municipio de Chimá, Córdoba, encabezada por el alcalde Felipe Rafael Coronado Guerra, se encuentra bajo la lupa pública tras la revelación de presuntas irregularidades en la gestión y clasificación de los recursos presupuestales para la contratación de personal.

El caso tomó relevancia tras conocerse documentos oficiales del Despacho del Alcalde —como el acuerdo de terminación anticipada y liquidación por mutuo acuerdo del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 068-2024, suscrito el 15 de abril de 2024 con la contratista Sindis Paola Cardozo Galeano y anulado el 23 del mismo mes—. Este documento evidencia las acciones de reversión contractual que la administración tuvo que adelantar tras detectar fallas en el respaldo financiero.
*Un antecedente de 17 contratos liquidados*
Durante la vigencia de 2024, la Alcaldía de Chimá se vio en la obligación de liquidar de manera anticipada 17 contratos de prestación de servicios, luego de identificar que habían sido respaldados con fuentes de financiación equivocadas. En su momento, la administración municipal justificó la situación catalogándola como un “error en la clasificación del origen de los recursos”.
Sin embargo, nuevas denuncias advierten que la problemática persistiría en la presente vigencia, donde presuntamente se habrían vuelto a celebrar contratos de prestación de servicios con inconsistencias en su rubro presupuestal, registrando como “proyectos de inversión” actividades que corresponden estrictamente al funcionamiento administrativo ordinario.
*Riesgo sobre los recursos del SGP*
La mayor preocupación de la comunidad y los denunciantes radica en el posible uso indebido de dineros del Sistema General de Participaciones (SGP). Dichos fondos tienen, por ley, destinación específica e intocable para sectores prioritarios como: educación, salud, agua potable y saneamiento básico, deportes y cultura.
De confirmarse las desviaciones presupuestales, se habría incurrido en una falta al destinarse estos rubros sociales para costear nómina o gastos administrativos no autorizados.
*En manos de los organismos de control*
Hasta la fecha, no existe un pronunciamiento ni sanción oficial por parte de la Contraloría u otros entes de control que establezca responsabilidades fiscales o disciplinarias definitivas sobre el mandatario o su equipo de gobierno.
No obstante, los hechos ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, las cuales adelantarán las investigaciones para determinar si existió una falta sistemática en la destinación de los recursos públicos del municipio.

