Contraloría entrega al Gobierno electo un diagnóstico crítico sobre las finanzas públicas y la infraestructura del país
El Equipo de Empalme Anticorrupción del Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, recibió los informes finales de la Contraloría General de la República, elaborados tras 62 mesas de trabajo con 17 contralores delegados, ministros y líderes sectoriales. El diagnóstico expone un panorama preocupante para la próxima administración, con un déficit presupuestal, deudas millonarias y miles de obras e iniciativas con serias dificultades.
Según el informe, el presupuesto nacional para 2027 quedaría desfinanciado en cerca de 30 billones de pesos debido a la inclusión de ingresos considerados de difícil recaudo, mientras el peso del servicio de la deuda continúa aumentando. A esto se suma una deuda superior a los 5,6 billones de pesos en el sector energético, de los cuales aproximadamente 2,9 billones corresponden a Air-e. Además, para 2027 solo estaría asegurado el 25 % de los recursos necesarios para cubrir esas obligaciones.
En materia de transporte, la Contraloría advirtió una baja ejecución presupuestal. El sector ejecutó apenas el 43 % de los recursos asignados en 2025 y, con corte a julio de 2026, la ejecución no supera el 13 %. También alertó sobre procesos arbitrales contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con pretensiones superiores a 14 billones de pesos y señaló que más del 55 % de la red vial nacional se encuentra en estado regular o malo.
El informe también revela dificultades en programas sociales. El programa Adulto Mayor enfrenta un déficit cercano a los 3,2 billones de pesos, situación que pondría en riesgo los pagos a cerca de tres millones de beneficiarios entre agosto y diciembre de 2026.
En cuanto a la atención de la primera infancia, la Contraloría encontró que algunos servicios pedagógicos fueron contratados con entidades que no tienen relación con la educación inicial, entre ellas asociaciones campesinas, pesqueras y plataneras.
Respecto a la reforma agraria, el organismo de control indicó que más de 45.500 familias campesinas recibieron predios sin títulos formalizados y que el cumplimiento de la meta de entrega de tierras alcanza apenas el 18 %. De las 1.500.000 hectáreas prometidas, solo se han entregado 282.975.
El Gobierno electo, que asumirá funciones el próximo 7 de agosto, aseguró que estos informes permiten conocer con precisión el estado en que recibirá la administración nacional y afirmó que iniciará su gestión con medidas orientadas a la responsabilidad fiscal, la transparencia y la protección de los recursos públicos.