Golfo de Morrosquillo: El derrame de petróleo de 2014 llega a fallo con las víctimas contra las cuerdas

A más de una década de la emergencia del buque Energy Challenger, pescadores y trabajadores del turismo en Coveñas, Tolú y San Antero temen quedarse sin una reparación justa debido a trabas económicas y una tesis que busca reducir el daño ambiental a solo 25 días.
A punto de dictarse el fallo definitivo, las comunidades pesqueras y turísticas del Golfo de Morrosquillo enfrentan un panorama desolador. El proceso judicial por el derrame de hidrocarburos del buque tanque Energy Challenger, ocurrido el 21 de agosto de 2014 en el terminal TLU-1 de Coveñas, entró en su recta final ante la autoridad marítima colombiana. Sin embargo, tras más de diez años de litigio, el desenlace amenaza con dejar desprotegidas a las víctimas de la contaminación.

A lo largo de esta década, la gran mayoría de los afectados iniciales quedaron fuera del proceso debido a trabas de forma y notificaciones defectuosas. En la actualidad, solo diez colectivos vulnerables —entre ellos pescadores, masajistas, vendedores de bollo y de flotadores— logran mantenerse en el caso.
Estas comunidades de bajos ingresos enfrentan ahora la imposición de asumir los costosos peritajes técnicos, obligándolas a pagar para demostrar los daños que otros causaron.

El principal punto de discordia radica en la duración del impacto. Mientras la defensa del armador y sus peritos sostienen que la afectación ambiental fue “ligera” y duró solo 25 días, las comunidades denuncian que esta visión ignora los efectos a largo plazo en la economía local.
El estigma de la contaminación provocó que el pescado se vendiera bajo sospecha y a precios inferiores incluso un año después, al tiempo que el turismo en las playas de Sucre y Córdoba se desplomó de forma prolongada.
El expediente ya está listo para el fallo que definirá el destino de la garantía internacional constituida por la aseguradora del buque para indemnizar a los terceros. Lo que determine la autoridad marítima en este caso no solo decidirá el futuro económico de estas diez comunidades del Caribe colombiano, sino que sentará un precedente histórico sobre la responsabilidad real de la industria petrolera frente a quienes dependen del mar para sobrevivir.




