La tragedia en Córdoba pudo evitarse: Procuraduría revela fallas y abre investigación
La emergencia invernal no fue un hecho fortuito ni imprevisible, sino la materialización de una serie de omisiones.

La ola inverna que dejó mas de 200 mil personas damnificadas en Córdoba y Sucre podría no haber sido un desastre natural inevitable. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Irene Vélez y otros seis altos funcionarios por presuntas omisiones que habrían agravado el desbordamiento del río Sinú.
El ente de control inició proceso formal contra la directora de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA) y actual ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, junto a otros funcionarios, por posibles fallas en el control y vigilancia de la central hidroeléctrica Urrá.
Según la Procuraduría, se habría configurado una negligencia operativa sistemática que priorizó la generación de energía por encima de la seguridad de las comunidades, lo que habría contribuido al desbordamiento registrado en febrero pasado.

La emergencia no fue imprevisible, advierte la Procuraduría
De acuerdo con un informe preventivo del
Ministerio Público, la emergencia invernal no fue un hecho fortuito ni imprevisible, sino la materialización de un riesgo que ya había sido advertido.
El documento señala presuntos incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental por parte de la empresa Urrá S.A. E.S.P., así como una operación que habría desconocido parámetros técnicos clave en la gestión del embalse.
El informe advierte que esta conducta implicaría una priorización de la generación de energía sobre la regulación de caudales para prevenir inundaciones. Además, se identificaron posibles excesos en los caudales de descarga autorizados, fallas en la gestión del riesgo de desastres y deficiencias en los sistemas de alerta temprana.

Señalamientos directos contra la
ANLA
La acción disciplinaria apunta directamente a
Irene Vélez y a Camilo Alexander Rincón
Escobar, subdirector de Seguimiento de la ANLA, por una presunta falta de control oportuno frente a los incumplimientos detectados desde 2024.
También se investiga un posible retraso en la expedición de actos administrativos para actualizar los parámetros técnicos del embalse.
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La Procuraduría fue enfática al señalar que la actuación de la autoridad ambiental habría sido
“tardía y reactiva frente a un patrón de incumplimientos sistemáticos previamente detectados y conocidos.
*Otros funcionarios bajo investigación*
El auto de apertura también vinculó al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Libardo Yanod Márquez, y al superintendente delegado de Energía y Gas Combustible, Omar Camilo López, por presuntas fallas en sus funciones de vigilancia.

Según el ente de control, pese a contar con información sobre irregularidades en la operación de Urrá, no habrían actuado de forma suficientemente proactiva para evitar la magnitud del desastre.
El proceso disciplinario también cobija al director de la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), Orlando Rodrigo Medina, por posibles omisiones en el control de intervenciones ilegales en humedales.
Asimismo, fueron vinculados Enrique Kerguelén Méndez y Juan Acevedo Rocha, presidente encargado y expresidente de Urra S.A. E.S.P., respectivamente. La Procuraduría ordenó su notificación y la recolección de pruebas documentales dentro del proceso.



