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Justicia frena “jugadita”: Jueza de Lorica tumba preacuerdo que daba solo 10 años a exfiscal Mario Lora

En una decisión que devuelve el rigor jurídico a un proceso marcado por la dilación, el Juzgado 001 Penal del Circuito de Lorica rechazó el nuevo preacuerdo pactado entre la Fiscalía General de la Nación y el exfiscal Mario Lora Correa. El pacto pretendía fijar una condena de apenas 10 años y dos meses de prisión por el asesinato de dos jóvenes en Montería en 2016.

*Los puntos clave del fallo:*

• Rechazo a la “Legítima Defensa”: La jueza fue enfática al señalar que no se pueden modificar los hechos jurídicamente relevantes. El preacuerdo intentaba aplicar la figura de “legítima defensa extendida” para reducir la pena, una maniobra que el despacho consideró improcedente frente a la gravedad de lo ocurrido.

*• Doble homicidio agravado:* Lora Correa es procesado por los hechos del 19 de junio de 2016, cuando accionó su arma de fuego contra Camilo Rodríguez y Harold Suárez, causándoles la muerte, e hirió a un uniformado de la Policía en una zona de bares de Montería.

*• Freno a la impunidad: *Este es el segundo intento fallido por cerrar el caso con penas mínimas.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia ya había tumbado un acuerdo previo que pretendía darle solo 7 años de casa por cárcel bajo el atenuante de “ira e intenso dolor”, argumento que la Procuraduría desestimó por falta de soporte probatorio.

*¿Maniobras dilatorias?*

La audiencia se produce en un clima de tensión, luego de que hace pocas semanas el exfiscal Lora revocara el poder a su abogado defensor, Guillermo Álvarez Machacón. Este movimiento fue interpretado por las víctimas y sectores judiciales como una estrategia para dilatar el proceso y evitar el juicio oral.

El dato: La Corte Suprema de Justicia ya había advertido en un fallo de 50 páginas que no se tuvieron en cuenta testimonios clave que describían la brutalidad del ataque, invalidando cualquier beneficio desproporcionado para el procesado.

Análisis para tu medio: Esta decisión es un espaldarazo a la tesis de la Procuraduría, que sostiene que el ente acusador ha intentado “acomodar” los hechos para favorecer a uno de los suyos, ignorando las pruebas recolectadas durante casi una década de proceso.

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