¡Los ministros de Gustavo Petro a la cárcel! Bonilla y Velasco

En una madrugada que pasará a la historia negra de la República, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó este 18 de diciembre de 2025 la medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos de los exministros más cercanos del presidente Gustavo Petro: Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior. Ambos fueron capturados formalmente y enviados a prisión preventiva por su participación en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno Petro, que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y millonarios desfalcos con dineros públicos.
A estos exfuncionarios se les imputan delitos graves:
-Concierto para delinquir,
-Cohecho por dar u ofrecer,
-Interés indebido en la celebración de contratos y otros delitos asociados al direccionamiento de contratos y pago de prebendas a congresistas a cambio de respaldo político a los proyectos del Gobierno.

La Fiscalía ha documentado que estos actos implican cientos de miles de millones de pesos desviados de recursos públicos, con el fin de comprar apoyos en el Congreso para iniciativas clave.
La sombra de la impunidad: el caso de Carlos Ramón González
Pero la historia de corrupción no termina ahí. Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y figura clave del círculo político de Petro, es hoy uno de los principales prófugos de la justicia colombiana.
González fue declarado prófugo y requerido por la justicia colombiana por delitos como cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos» en relación con el mismo escándalo de la UNGRD. La Fiscalía incluso solicitó a Interpol la emisión de una circular roja para su captura internacional, pero su impronta parece haber escapado de la mano de la ley.
Y lo más escandaloso: el exfuncionario se encuentra asilado en Nicaragua, bajo la protección del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, un gobierno autoritario de corte socialista que hoy ha abierto sus puertas a un señalado por corrupción grave en Colombia.
Aunque el Gobierno de Petro presentó solicitudes formales de extradición, Managua resolvió concederle asilo político, argumentando razones que van más allá de la justicia ordinaria.
Este episodio ha generado amplia polémica y críticas incluso dentro de ámbitos institucionales: la Procuraduría ha abierto investigaciones sobre la conducta de funcionarios colombianos en relación con este caso y el manejo diplomático del proceso.
La reacción de Gustavo Petro: defensa, distanciamiento y contradicciones
La respuesta del presidente Gustavo Petro ha sido de defensa tibia de sus excolaboradores y evasión política. Con Bonilla y Velasco, Petro optó por relativizar los hechos, calificando de “ingenuidad” las acciones de Bonilla más que corrupción y negándose a emitir juicios que correspondan a la justicia.
En cuanto a Carlos Ramón González, Petro intentó explicar que el asilo otorgado por Nicaragua obedeció a razones históricas y personales vinculadas al pasado político del exfuncionario y no a una voluntad de protegerlo de la justicia. Pero estas explicaciones cayeron en saco roto ante la evidencia de que un alto exfuncionario señalado de corrupción hoy camina libre en un país extranjero, bajo la protección de un régimen socialista cuadrado, mientras Colombia exige justicia.
Las declaraciones de Petro, además, han intentado deslindar al Ejecutivo de posibles gestiones diplomáticas que facilitaron la residencia en Nicaragua, incluso cuando documentos sugieren que hubo gestiones para regularizar el estatus migratorio de González.
Un Gobierno del ‘Cambio’ que reprodujo la podredumbre
Lo que era vendido como una nueva forma de gobernar, con moral pública, ética y lucha contra la corrupción, hoy se ha convertido en el gobierno con más casos de alto nivel salpicados por investigaciones judiciales serias, con ministros en la cárcel, congresistas capturados y uno de los más estrechos colaboradores asilado bajo la protección de un régimen autoritario.
Colombia votó por transformación ética, prometiendo acabar con los vicios del pasado. En cambio, el escándalo de la UNGRD, el encarcelamiento de exministros y la huida con asilo de un exdirector del DAPRE representan un golpe demoledor a la credibilidad del Estado y de la propia narrativa del gobierno Petro.
Este no es un caso aislado; es la consagración de un modelo político que terminó siendo más corrupto, más clientelista y más impermeable al escrutinio democrático que muchos de los regímenes que tanto criticaron. Hoy, los colombianos merecen saber que bajo este “gobierno del cambio” han visto no solo promesas incumplidas, sino un nivel de impunidad y de corrupción que avergüenza a la nación entera.



