Opinión

Corralejas: cultura viva que debe transformarse, no desaparecer

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Por Alejandro Doria Llorente

En el Caribe colombiano, las corralejas son más que un espectáculo: son memoria, identidad y raíz popular. Allí, en la arena improvisada de los pueblos, no solo se mide la bravura del toro, también se manifiesta la alegría colectiva, la música de banda, el encuentro de generaciones y la tradición que nos recuerda de dónde venimos. En municipios como Cotorra, esta fiesta ha sido durante décadas un motor de la economía local y la excusa perfecta para que la comunidad se reúna alrededor de lo que siente como suyo.

Defender las corralejas no significa cerrar los ojos al bienestar animal. Por el contrario, implica asumir con responsabilidad que la cultura puede evolucionar: reglas más estrictas, medidas que reduzcan riesgos, y un compromiso real con la protección del toro y los caballos como figuras centrales del festejo. Si en otras partes del mundo —como España y Portugal— se han creado modelos de tauromaquia donde la tradición convive con el respeto, ¿por qué en nuestra región no podría ser igual?


La desaparición de las corralejas sería un golpe duro para municipios como Cotorra: miles de familias dependen del movimiento económico que generan; los empresarios, comerciantes, vendedores ambulantes, transportadores, toreros, artistas, músicos, etc. que encuentran allí su oportunidad de ingresos. Pero más allá del dinero, lo que se perdería es un símbolo cultural. Y cuando un pueblo se queda sin símbolos, pierde una parte de sí mismo.

Lo que necesitamos no es prohibición, sino regulación y reinvención. Convertir la corraleja en un espacio donde el toro no sea víctima, sino protagonista respetado; donde la música, la danza y la cultura caribe brillen tanto como la arena; donde la fiesta se viva sin sangre ni tragedia, pero con la misma pasión que nos distingue.

El debate sobre las corralejas es, en el fondo, el debate sobre cómo el Caribe se piensa a sí mismo: ¿renunciamos a lo que somos por miedo a cambiar, o nos atrevemos a transformar nuestra tradición en una versión más humana y respetuosa? La respuesta está en nuestras manos. Porque defender las corralejas no es aferrarse al pasado: es asegurar que sigan vivas en el futuro, con la misma fuerza cultural, pero bajo la luz de la dignidad y del respeto.

Lo lamentable es que este debate lo han terminado dominando las élites políticas de Bogotá, con una visión ajena a la realidad del Caribe. Mientras desde la capital se legisla desde la distancia, desconociendo lo que significan estas prácticas para nuestras comunidades, los congresistas de la región, a excepción de unos pocos, han guardado silencio o han cedido, incapaces de defender nuestra cultura con firmeza. Una y otra vez, han preferido alinearse con la narrativa centralista antes que dar la batalla por lo que identifica a sus electores.

Se siente, con dolor, que la voz del Caribe no retumba en el Congreso como debería. Nuestros representantes han tenido el deber de explicar que aquí no hablamos de barbarie, sino de tradición; que no se trata de imponer un retroceso, sino de encontrar una manera responsable de conservar nuestra identidad. Pero hemos fallado. Mientras la clase política cachaca impone su forma de ver el mundo, muchos parlamentarios caribeños se limitan a aceptar, a justificar o a callar.

Por eso porongo la conformación de un comité ciudadano y cultural, con el apoyo de ASOTOROS, que lidere una iniciativa legislativa de carácter popular, amparada en el artículo 155 de la Constitución Política de Colombia, que permite al pueblo presentar proyectos de ley con el respaldo de un número significativo de firmas. Este comité tendría como objetivo presentar al Congreso una propuesta que institucionalice las corralejas como patrimonio cultural inmaterial de la Región Caribe, y que al mismo tiempo establezca normas claras de regulación para garantizar el bienestar animal, la seguridad de los asistentes y la preservación de la tradición en un marco responsable.

El sustento jurídico existe. El artículo 70 de la Constitución establece que la cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y que el Estado tiene el deber de reconocerla, protegerla y fomentarla. Además, la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) y la Ley 1185 de 2008 sobre patrimonio cultural reconocen la importancia de proteger las expresiones inmateriales que identifican a las comunidades. Y aunque la Corte Constitucional ha señalado que el bienestar animal es un principio constitucional, también ha reconocido —en sentencias como la C-889 de 2012 y la C-041 de 2017— que las prácticas culturales tradicionales con arraigo social pueden ser objeto de protección especial, siempre que exista una regulación progresiva que reduzca el sufrimiento y garantice condiciones más humanas.

La tarea de impulsar una Iniciativa Legislativa de carácter Popular no es sencilla. La Constitución y la Ley 134 de 1994 establecen que este mecanismo exige la recolección de un número significativo de apoyos ciudadanos —al menos el 5% del censo electoral nacional, lo que equivale hoy a casi dos millones de firmas válidas— y el cumplimiento de una serie de requisitos formales ante la Registraduría. Es un camino arduo, que requiere organización, pedagogía y un compromiso real de los pueblos del Caribe. Pero precisamente por su dificultad, este ejercicio resulta aún más valioso: porque no se trata de un regalo de la clase política, sino de un acto de soberanía popular que demuestra que la región está dispuesta a defender su cultura con las reglas del Estado de derecho en la mano.

Por eso, la iniciativa popular no es solo una salida jurídica: es un acto de dignidad ciudadana. Si nuestros congresistas no han sido capaces de defendernos, repito; hay excepciones, que sea el mismo pueblo Caribe el que recoja firmas, el que organice el comité, el que lleve al Congreso una propuesta seria, moderna y respetuosa. No podemos seguir esperando que otros hablen por nosotros.

Defender nuestras tradiciones no es un acto de terquedad, es un acto de dignidad. Lo que está en juego no es solo una fiesta, sino la memoria y el futuro cultural de toda una región. Con un comité organizado y una iniciativa legislativa popular, el Caribe puede demostrar que sabe proteger lo que es suyo, al tiempo que evoluciona hacia prácticas más responsables y respetuosas.

Porque lo que debe morir no es la tradición: lo que debe nacer es una nueva forma de vivirla, con orgullo, con legalidad y con respeto.

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