Opinión

“CUANDO HABLAR CUESTA: CENSURA Y ABANDONO EN LOS TERRITORIOS DE COLOMBIA”

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Por:Abraham Homero Angulo García

En muchos rincones de Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, se viene consolidando una práctica preocupante y peligrosa: el silenciamiento sistemático de quienes denuncian las realidades que el poder prefiere ocultar. Líderes sociales, veedores ciudadanos y medios de comunicación independientes son cada vez más aislados, señalados o censurados por cumplir una función esencial: decir la verdad.

Mientras muchas administraciones locales concentran sus esfuerzos en proyectar una imagen positiva a través de redes sociales y estrategias comunicativas institucionales, las problemáticas estructurales siguen sin atención: inseguridad creciente, sistemas de salud colapsados, falta de empleo, abandono de la zona rural, trabajadores de la salud expuestos al riesgo, vendedores informales perseguidos, y una reactivación económica que no llega a las mayorías.

A esto se suma otro fenómeno alarmante: obras públicas mal ejecutadas y conmemoradas sin cumplir su verdadero propósito social, símbolo de improvisación y falta de planeación. Y aún más preocupante, el acolitamiento de algunas administraciones locales a las empresas de servicios públicos domiciliarios, lo que ha derivado en una prestación deficiente del servicio sin control ni vigilancia efectiva.

En este contexto, se hace evidente la necesidad de una comunicación más plural, equilibrada y cercana a las realidades del pueblo. La función de informar no debe limitarse a reproducir discursos oficiales, sino también abrir espacio al análisis crítico, a la voz de las comunidades, al seguimiento ciudadano y a la veeduría social. Cuando la información se convierte en un reflejo unilateral del poder, se pierde la posibilidad de transformar el territorio desde la verdad.

La situación se agrava por la falta de respaldo colectivo, ya que muchas personas temen expresar su inconformidad por miedo a represalias, estigmatización o pérdida de oportunidades. Esa autocensura debilita la organización comunitaria, aísla a los líderes y limita la posibilidad de exigir derechos de forma conjunta.

Municipios como Cereté son solo un ejemplo de esta dinámica. Allí, quienes han intentado visibilizar el abandono institucional, los problemas estructurales y el malestar ciudadano, han sido objeto de señalamientos o simplemente ignorados. Se ha preferido construir una imagen institucional de aparente progreso, mientras las necesidades de fondo continúan sin respuesta.

Esto no solo es injusto, es profundamente antidemocrático. Porque cuando se silencia a un líder social, a un veedor o a una voz independiente, se está callando al territorio entero. La crítica no debería ser temida, sino valorada. Las voces del pueblo no son enemigas del desarrollo, son su punto de partida.

Hoy, más que nunca, Colombia necesita verdad, necesita voces libres y necesita comunidades que pierdan el miedo. La censura no puede seguir siendo el precio de la honestidad.

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